30/06/19 I Cambio en la Justucia entrerriana
Se cierra en Entre Ríos la redacción del proyecto de juicio por jurados


El texto que motorizará el Poder Ejecutivo aún no se conoció oficialmente. No obstante, se supo que fue elaborado en ámbitos del Ministerio de Gobierno, con el asesoramiento de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Si bien toma elementos de la iniciativa del Colegio de Abogados y de aportes efectuados desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ), más se basa en la normativa ya vigente en otras provincias, especialmente en coincidencia con la de Neuquén, considerada pionera en la materia.
Hay una diferencia sustancial entre el proyecto al que el gobernador le pondrá la firma con el de autoría del abogado paranaense Julio Federik, que impulsan desde el colegio letrados como Marciano Martínez, Guillermo Vartorelli, Miguel Cullen y Raúl Barrandeguy, entre muchos otros. Radica en que el proyecto de los abogados contempla al juicio por jurados como una opción para personas imputadas de delitos cuyas penas superen los 12 años de prisión, mientras que el del Poder Ejecutivo apunta a que sea obligatorio para los delitos con penas mayores a 20 años.
En los juicios por jurados que se vienen desarrollando en Neuquén, cuya normativa fue tomada como base para el proyecto entrerriano, 12 ciudadanos deciden sobre dos cuestiones: si el hecho que se juzga realmente sucedió y si las personas acusadas son “culpables” o “no culpables” de ese hecho.
Los requisitos para integrar un jurado popular son: ser argentino, tener entre 21 y 75 años y demostrar residencia permanente no inferior a dos años en la jurisdicción en la que se cometió el delito. No pueden ser jurados los abogados; el gobernador, vicegobernador y ministros del Poder Ejecutivo; los funcionarios judiciales; los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad; los ministros de cultos religiosos; o los procesados o condenados por distintos delitos.
Una vez al año, el Poder Judicial realiza un sorteo del padrón electoral de las personas que cumplen con los requisitos. Cuando se produce la convocatoria para un juicio, se realiza una audiencia de selección en la que defensores y fiscales formulan preguntas a los potenciales jurados sobre sus puntos de vista. El juez resuelve respecto de las causales de excusación y resuelve los planteos de recusación.
Son motivos de excusación, por ejemplo, conocer a alguna persona vinculada al caso o tener opinión formada sobre alguna de las partes. A las recusaciones las hacen el fiscal y los defensores cuando las respuestas de los jurados los llevan a creer que no serán imparciales. Ambas partes cuentan con la posibilidad de recusar a cuatro potenciales jurados sin expresar razones.
De ese procedimiento, resulta un listado de 12 jurados titulares y cuatro suplentes, en igualdad de número entre hombres y mujeres. Las personas elegidas no pueden negarse, ya que se trata de un deber cívico obligatorio.
Durante el desarrollo del juicio, se impone a los jurados la prohibición de conversar sobre el caso con otras personas y tampoco pueden ver noticias relacionadas ni buscar por su cuenta información externa a la que se presente en el juicio. Una vez superadas todas las etapas del juicio, el jurado pasa a deliberar en una sala contigua hasta alcanzar un veredicto.
Durante la deliberación, los miembros pueden brindar su opinión sobre los hechos y la prueba exhibida. La deliberación no puede extenderse durante más de 48 horas. Luego, se procede a una votación secreta a través de un formulario. Para declarar culpable a un acusado, se requiere un mínimo de ocho votos. Si no se llega a ese número, el veredicto es de no culpabilidad. Con el pronunciamiento, finaliza el servicio de los jurados y luego el juez define la pena a aplicar. Con información de El Diario de Paraná.